La manera en que el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública y el Alto Gobierno interpretan el DIH, persiste como preocupación en la reforma modificada. La estrategia de ampliación del fuero militar compuesta por múltiples iniciativas legislativas entre las que se encuentra esta reforma constitucional, desconoce por completo que el DIH es un marco normativo internacional encaminado a la protección de las personas que no participan de las hostilidades y en esa medida es restrictivo de determinados medios y métodos de guerra, no facultativo de acciones para ganarla. Mucho menos se trata de un marco de disposiciones procedimentales para la investigación y juzgamiento. Con base en esa tergiversación, otra reforma legal, el proyecto de ley No. 129 de 2014 (1) , mantiene viva la figura del “blanco legítimo” y del “daño colateral” entre otras figuras, que interpretan que el DIH otorga licencias para matar civiles en determinadas circunstancias.

El reto de la CUT en el tema de la reparación colectiva emana de las decisiones tomadas por el Congreso Nacional del año pasado en Santa Marta y por su Junta Nacional; una reparación que redunde en el fortalecimiento del movimiento sindical, el restablecimiento de derechos humanos y laborales, las libertades que han sido cercenadas, y la garantía de no repetición.

Con estos hechos se ha dado un golpe demoledor a la legitimidad y credibilidad de una institución que ha jugado un papel clave en la defensa de la integridad de la Constitución, en la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos y en el análisis de las normas que resulten de la implementación de los acuerdos de paz. En su esclarecimiento se debe ir a fondo, ya no solamente respecto a la conducta del principal implicado, cuya obstinación en no renunciar tendría explicación en que sus colegas serían tanto o más responsables de hechos igualmente reprochables, y demostraría que esto es sólo la punta del iceberg, dejando en entredicho toda la institucionalidad.