Nuestra presencia hoy aquí busca, en primer lugar, alzar la voz de inconformidad frente a la propuesta avalada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de que la llamada Ley de Justicia y Paz sea la indicada para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno, en sustitución de la Justicia Transicional planteada en el acuerdo de La Habana.

No obstante sus virtudes, ponemos a su consideración algunos elementos desde la perspectiva de las víctimas de Crímenes de Estado, a partir dela legitimidad que nos da el trabajo desarrollado, para plantear los siguientesaspectos que consideramos deben incluirse en el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y para la construcción de una paz estable y duradera”, y con el propósito de aportar al mejoramiento de los mecanismos y propuestas acordadas en clave del reconocimiento de los derechos de las víctimas.

Esperamos que las formas y espacios de participación de la sociedad sean más precisos, de tal manera que recojan el espíritu al que nos invita Gobierno y ELN, en la agenda propuesta en marzo de 2016. Todos estos hechos refuerzan la necesidad de que el proceso se acompañe de un cese al fuego y de hostilidades entre el gobierno y el ELN, con el fin de fortalecer la legitimidad del proceso, aumentar la confianza entre las partes y proteger a la población civil.

Por considerar que un “alivio judicial” no garantiza la rendición de cuentas de los responsables de la criminalidad estatal y de los financiadores del paramilitarismo, al no adecuarse a los estándares internacionales ni ser satisfactorio para las víctimas, quienes suscribimos este comunicado hemos solicitado formalmente a la CIDH la realización de una audiencia temática sobre los estándares de justicia que los Estados Parte en la Convención Americana de Derechos Humanos deben garantizar, aun en escenarios de justicia transicional.