Por estos hechos, el soldado profesional Albeiro García Rendón y el policía Rafael Mariano Silvera, pertenecientes al Gaula del Ejército y de la policía respectivamente, fueron condenados en primera instancia a 35 años de prisión. Esta decisión que se produjo en julio de 2010 fue revocada por un fallo en segunda instancia que absolvió a los oficiales. Con esta nueva decisión, la Corte Suprema de Justicia deja definitivamente en firme la condena contra el oficial de la policía adscrito al Gaula por estos hechos. (Foto: Notimundo)

El caso del homicidio de los dos guerrilleros, voceros de la negociación de paz, estuvo por más de 15 años en justicia penal militar donde los responsables fueron absueltos una y otra vez. En el año 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe de fondo responsabilizando al estado colombiano, recomendando que el caso pasara a la justicia ordinaria y que avanzara en la identificación y juzgamiento de los responsables, así como en las garantías de los derechos de los familiares. Aún así, en el año 2006 la Corte Suprema de Justicia conceptuó que el caso debía permanecer en la justicia penal militar por tratarse de la muerte de dos integrantes de un grupo guerrillero.

Por decisión de la Fiscal 34 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, un coronel de la Policía, un mayor y dos tenientes del Ejército deberán responder en juicio por la masacre del 16 de mayo de 1998 cometida en Barrancabermeja, Santander. Según el llamamiento a juicio, el grupo paramilitar Ausac fue coautor de la masacre junto con integrantes de la V Brigada del Ejército que planearon la masacre como estrategia de expulsión de las guerrillas de las Farc, el ELN y el EPL, junto con oficiales de los batallones Nueva Granada y 45 Héroes de Majagual, miembros de la Policía del Magdalena Medio y Barrancabermeja, del DAS regional, de la oficina de seguridad de Ecopetrol y comerciantes de la región.

Los presentes documentos son el resultado del trabajo conjunto de varias organizaciones colombianas de derechos humanos, con el apoyo de Open Society  Foundation, que buscaron analizar la extradición de jefes paramilitares a cárceles estadounidenses en el marco de la desmovilización de estas organizaciones pactada con el Estado colombiano, así como el estado real del desmantelamiento de las estructuras paramilitares en el país. Consulte y desargue aquí las versiones actualizadas de estos trabajos.