Este tribunal no impondrá sanciones judiciales, pero sí aportará a la verdad y realizará un llamado ético público en defensa de los derechos del pueblo guajiro y de la naturaleza. El Tribunal Popular contra las Transnacionales en La Guajira es una acción pública no gubernamental, inspirada en el Tribunal Russel que sometió a juicio de opinión a los Estados Unidos por los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra el pueblo de Vietnam (1967); este tribunal de opinión sesionó posteriormente contra las dictaduras militares en América Latina (1973) y en ocasión a los flagelos contra los Pueblos de Irak (2004), Palestina (2009) y Ucrania (2014).

El caso por el que se imputaron cargos a Feliciano Valencia es, en sí mismo, una violación del derecho constitucional a la jurisdicción especial indígena ya que, haciendo caso omiso a su existencia, se tipificaron acciones sustanciales a la puesta en práctica de la misma (detención, investigación, juzgamiento, aplicación de remedio) como acciones delincuenciales. Sería un contrasentido que la Constitución haya dado unas funciones a las autoridades indígenas para que luego, en el momento en que se ejerzan, sea considerado ello un delito.

El mal llamado secuestro de Jairo Danilo Chaparral Santiago en el 2008 y la inexistente violación de derechos humanos, corresponde al juicio y a la condena públicos y transparentes a un militar activo infiltrado de manera ilegal con fines terroristas en una movilización pacífica, ya que se le encontró material militar que seguramente iba a ser sembrado dentro de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria para respaldar con hechos fabricados (falso positivo), las aseveraciones mentirosas del criminal presidente Álvaro Urbe Vélez.