La masiva protesta y la indignación por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordoñez el pasado martes no puede entenderse como un caso aislado, sino como la expresión de un cansancio social acumulado por el reiterado y sistemático abuso policial contra de la ciudadanía en Bogotá y en el país en general.

Las prácticas de los organismos de seguridad y defensa, especialmente los de la Policía Nacional, no sólo amenazan el derecho a la protesta, sino que representan un riesgo al derecho a la vida, la integridad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre muchos otros. Por eso se hace necesaria una intervención decisiva del juez constitucional ante esta acción que se encuentra en trámite de segunda instancia.