El pasado 18 de marzo de 2014, la Fiscal segunda Especializada de la Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento Forzado profirió resolución de acusación contra el paramilitar Hernán Arturo Cantillo Camargo, alias “Giovanny”, por la masacre de Nueva Venecia cometida en noviembre del año 2000. El paramilitar fue acusado por los delitos de coautoría de homicidio múltiple y agravado, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

La Fiscalía de Justicia y Paz recusó la exclusión de “Don Berna” de los beneficios de esta ley, y la representación de las víctimas le exigió al fiscal que se declare impedido. Para las y los abogados de las víctimas, “Don Berna” debe ser excluído porque no ha colaborado con la justicia para establecer toda la cadena de mando de los crímenes que lo involucran. Entrevista con el abogado Eduardo Carreño.

Todos los sistemas jurídicos nacionales e internacionales consagran las medidas cautelares. Colombia no es una excepción. Igualmente están previstas las medidas cautelares en los sistemas de protección de derechos humanos, tanto en Naciones Unidas, como los Sistema Europeo, Interamericano y Africano, con naturaleza diferente también la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia contemplan este instrumento jurídico. La razón de ser de las medidas cautelares en el mundo es que son vinculantes, y esta es una regla universal.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra ocho militares por los delitos de desaparición forzada de personas, homicidio agravado, falsedad en documentos públicos, peculado por apropiación, concierto para delinquir entre otros, cometidos en el año 2008 contra de Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, humildes jóvenes trabajadores, de Bogotá y Soacha, respectivamente, quienes fueron asesinados y enterrados como N.N. el 4 de marzo de 2008.