Por todas esas razones, rechazamos el Plan Nacional de Desarrollo y todas las políticas basadas en la extracción de la naturaleza para beneficio de unos pocos. Consideramos que el PND y los Tratados de Libre Comercio que viabiliza las inversiones trasnacionales, son herramientas para la profundización de un modelo que no genera las condiciones necesarias para la paz en el país. Antes bien la minería, el petróleo, las hidroeléctricas y los agronegocios han mostrado ser una imposición para privatizar la vida, destruir los ecosistemas, arrasar la soberanía de los pueblos e incrementar la criminalización y las amenazas a nuestras organizaciones.

Desde hace cerca de 10 años, se ha solicitado a la justicia colombiana que active los mecanismos que posee para la superación de la impunidad en este caso. Se ha pedido también al gobierno de Colombia que en aplicación del principio de reciprocidad internacional, solicite a los Estados Unidos la colaboración que se requiere para avance del mismo con el suministro de información relevante e incluso la activación del mecanismos de extradición de empresarios estadounidenses comprometidos con estos pagos.

De paso sea dicho, la situación de las dos más importantes ciudades de la costa pacífica, Tumaco y Buenaventura continúan agravándose en un complejo nudo de violencia y pobreza. Lo referente a estos puertos merece capítulo aparte, pero por ahora recalquemos que en aquel poblado en que mirar su cielo alivia las penas, como nos dice su canción emblemática, ahora convertido en el sitio de mayor desplazamiento en el país, los intereses, entre otros, de las empresas mineras y de los operadores portuarios parecen estar imbricados con los grupos paramilitares que siembran el terror a extremos tan siniestros como las llamadas “casas de pique”.