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Medida de Aseguramiento contra Ex-Capitán del Ejército por la Masacre  del 16 de Mayo de 1998 en Barrancabermeja

Medida de Aseguramiento contra Ex-Capitán del Ejército por la Masacre del 16 de Mayo de 1998 en Barrancabermeja

Para la fecha se desempeñaba como Sub Jefe de Seguridad de la Refinería de de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en Barrancabermeja y al mismo tiempo pertenecía a las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC. La imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del Ex-Capitán del ejército José Eduardo González Sánchez, Alias Mauricio fue dictada por la fiscalía 34 Especializa, Unidad de Derechos humanos de la ciudad de Bucaramanga, por los delitos de Homicidio Agravado y Desaparición Forzada Agravada. El Capitán retirado del ejército, José Eduardo González Sánchez también hizo parte de las filas de las Autodefensas en el frente Lanceros de Vélez y Boyacá; pertenecientes al Bloque Central Bolívar.

Discusión sobre libertad de prensa está siendo desviada para atacar un proyecto de comunicación pública al servicio de los derechos humanos

Discusión sobre libertad de prensa está siendo desviada para atacar un proyecto de comunicación pública al servicio de los derechos humanos

Lo que resulta preocupante es que en ausencia de este debate serio, la reciente discusión suscitada en medios de comunicación y redes sociales sobre las situaciones presentadas en Canal Capital, ha sido utilizada nuevamente contra una apuesta de comunicación pública que tanto beneficio le ha traído a la ciudad, a los derechos humanos y a la democracia colombiana en su conjunto, con múltiples dificultades y desafíos. Canal Capital ha abierto un espacio para las minorías tradicionalmente excluidas o discriminadas, rescatando el valor de lo público, frente a los grandes intereses privados que hoy quieren desconocer y destruir la consolidación progresiva de un canal alternativo frente a los contenidos tradicionales.

El mayor gesto de solidaridad con la Guajira: Exigir que el Cerrejón suspenda su actividad durante la sequía

El mayor gesto de solidaridad con la Guajira: Exigir que el Cerrejón suspenda su actividad durante la sequía

Mientras los territorios de las comunidades sufren problemas de sequía, la empresa gasta cerca de 17 millones de litros de agua al día [1] en su proceso de explotación carbonífera. Entre tanto, cada persona en la Guajira sólo tiene acceso a 0.7 litros de agua al día. Por eso las comunidades exigen que se suspenda la actividad del Cerrejón en esta temporada de sequía y se privilegie el derecho humano al agua.Estas y otras reivindicaciones se socializarán durante las jornadas por la vida que se desarrolla este fin de semana en La Guajira. Amén de la solidaridad que ha generado la crisis ambiental en la región, es necesario que el país le exija al Cerrejón que deje de gastar de manera desmesurada el agua de las comunidades.

Cárceles abren sus puertas para dar salida a paramilitares, sin que los derechos de las víctimas hayan sido reconocidos

Cárceles abren sus puertas para dar salida a paramilitares, sin que los derechos de las víctimas hayan sido reconocidos

Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, se desmovilizaron formalmente más de 30.000 miembros de fuerzas paramilitares en Colombia. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34, a cuyos integrantes comprometidos en violaciones a derechos humanos se les aplicó el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Esa normativa creó una serie de beneficios legales para los desmovilizados, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años sobre la base de aportar a la verdad plena sobre los crímenes cometidos, las estructuras operativas, los beneficiarios, y los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.

Un urgente llamado al congreso: No aprueben la ampliación del fuero penal militar

Un urgente llamado al congreso: No aprueben la ampliación del fuero penal militar

En una jugada sagaz, el gobierno aprovechó este proyecto para revivir la ampliación del fuero penal militar que tumbó la Corte Constitucional el pasado mes de octubre. En esta oportunidad, sin embargo, dicha ampliación tiene de lejos, muchísimo más alcance al establecer que la justicia penal militar entraría a conocer de un amplísimo espectro de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos,además de todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH. El artículo 8 del malhadado proyecto, de manera genérica, establece que serán de competencia de la justicia penal militar los delitos de homicidio, las infracciones al DIH, los delitos contra la población civil, contra la seguridad y existencia del Estado, los delitos contra la protección de la información y los datos, y los delitos contra la fe pública.

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El pasado 3 de agosto de 2015, cuatro familias reclamantes de tierras en la vereda Los Cedros del corregimiento Belén de Bajirá, municipio de Mutatá en el Urabá Antioqueño, fueron notificadas sobre un fallo de restitución que ordenó la devolución de sus predios, los cuales estaban en manos de la empresa Todo Tiempo S.A. de la familia Moreno Ruiz, dueños de la hacienda Monteverde. Sin embargo, en la mañana de hoy, el reclamante Manuel Oviedo, integrante de la Aosicación Tierra y Paz, denunció que los empresarios están sacando toda la madera que hay en el predio y están destruyendo viviendas y otras construcciones necesarias para el desplazamiento por el lugar.

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Después de sostener varias reuniones durante esta semana las organizaciones Marcha Patriótica, Organización Nacional Indígena de Colombia -Onic-, Congreso de los Pueblos, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro- y el Coordinador Nacional Agrario -CNA-, se expresaron sobre lo que consideran una ofensiva contra los procesos de la cumbre. Por ello ven la necesidad de iniciar una serie de actividades y campañas para contrarrestar dicha arremetida.

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“La ’L’ es un espacio de alto deterioro urbano donde existen construcciones anteriores a los años 50 que han sido adecuadas para que funcionen inquilinatos y hoteluchos que sirven de escenarios para el expendio de drogas. Se puede catalogar como el mayor foco de tráfico de sustancias psicoactivas del Distrito”, aseguró Javier Molina, un ex habitante de la calle, que ahora trabaja con la Secretaría de Integración Social en la rehabilitación de indigentes. La zona está controlada por cinco poderosas ’ollas’ que, más que lugares, son bandas organizadas para la venta y distribución de alucinógenos.

Fundador

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: “Conflictos…

Quiénes somos

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El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia. En el año de 1980 adquiere su personería jurídica convirtiéndose en una de las primeras organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Colombia compuesta por abogados y abogadas. Cuenta con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos, OEA, ante la ONU.

Defiende y promueve integralmente los derechos humanos, los derechos ambientales y los derechos de los pueblos, desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural.

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